Presidente Piñera firma proyecto de Ley de Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública

 

  • Representantes de todo el acontecer nacional trabajaron en una gran propuesta, de las cuales se conocieron sus primeras medidas

 

El Presidente Sebastián Pïñera procedió a firmar el proyecto de ley Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, proyecto que busca modernizar la manera de enfrentar la lucha contra la delincuencia,  avanzando hacia la mejora de herramientas para combatir los delitos.

“La seguridad es una prioridad para las personas y por lo tanto también para el Gobierno del Presidente Piñera”, señaló el Gobernador Provincial de Copiapó, Manuel Corrales. Agregando la primera autoridad provincial que, para lograr este objetivo, se convocó “a representantes del Ministerio Público, del mundo civil, de la academia y de distintos sectores políticos a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública”.

El trabajo que realizaron esas personas se consolidó en una propuesta con 150 medidas, y hoy cinco de ellas dieron el primer paso para convertirse en nuevas leyes.

La iniciativa que va en directo beneficio de la seguridad de todos los chilenos, consiste en cinco principales ejes temáticos.

Modernización de las policías

  • Eleva las exigencias de transparencia y buen uso de recursos públicos a Carabineros y las Policías, aumentando los controles por parte de la autoridad civil y facilitando el acceso de la ciudadanía a la información.
  • Crea la obligación de definir Planes Estratégicos de Desarrollo Policial (con los objetivos institucionales por un periodo de ocho años) y Planes de Gestión Operativa y Administrativa (al asumir cada mandato). Ambos deberán ser aprobados por el Ministerio del Interior, remitidos al Congreso y publicados en las Páginas institucionales.
  • Obliga a las policías a realizar Fichas Estadísticas Codificadas Uniformes (FECU), las que serán sometidas a auditorías externas  y revisadas, a nivel interno, por profesionales calificados de la sociedad civil.

Transparencia

  • Se crea el deber del General Director de Carabineros y del Director General de la PDI de rendir anualmente una cuenta pública sobre los resultados de su gestión institucional. Esta obligación se replicará con las autoridades regionales y locales y los antecedentes en que se base cada cuenta deberán estar a disposición de las personas en el sitio web de la institución.
  • Ambas policías deberán contar con un sistema de denuncias y reclamos ante abusos del personal policial en el ejercicio de sus funciones, al que se deberá poder acceder en los sitios web institucionales.
  • En ambas instituciones se elaborará un modelo de prevención y control de las conductas indebidas.

Modernización del Sistema de Inteligencia del Estado

  • Busca lograr una acción preventiva y eficaz ante las nuevas amenazas de seguridad, como crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, trata de personas, tráfico de migrantes, ciberdelitos y ataques a la infraestructura crítica del Estado.
  • Se crea un Consejo Asesor de Inteligencia que servirá como ente consultivo para el Presidente.
  • Dispone la elaboración de una Estrategia Nacional de Inteligencia.
  • Se crea el cargo de subdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
  • Se otorga a la ANI mayores facultades para exigir información a las instituciones y se mandata a los servicios de inteligencia militar a proporcionar a la agencia la entrega de información residual.
  • Se aumenta el nivel de responsabilidad de quienes integran el Sistema y establece sanciones administrativas para quienes incumplan la obligación de entregar información.
  • El director de la ANI será dotado de mayores facultades para exigir información y simultáneamente se aumentan los mecanismos de control por parte del Congreso: el director deberá informar semestralmente al Senado y se entregará a la comisión Especial de Inteligencia de la Cámara la facultad de citarlo para dar cuenta de su gestión.

Reestructuración del Sistema de Control de Armas

  • Busca hacerse cargo del aumento del uso de armas de fuego en los delitos de mayor connotación social, y del significativo número de armas que se encuentran en situación irregular (por ejemplo, porque de 753 mil armas inscritas, 230 mil están extraviadas o han sido robadas).
  • Se otorgará un plazo de seis meses para que quienes tengan en su poder armas de fuego en situación irregular las entreguen a la autoridad y se dispone la obligación de que los tenedores legítimos de reinscribir sus armas.
  • Se modifica la Ley de Control de Armas en base a los proyectos refundidos de iniciativa parlamentaria que se encuentran en el Congreso. Esto, con el fin de elevar los requisitos para tener un arma de fuego y ejercer un mayor control sobre quienes las tengan, incluyendo sanciones para quienes incurran en comportamientos irresponsables en la tenencia. También se perfeccionan los mecanismos de verificación de las cualidades físicas y psíquicas de quienes quieran tener armas.
  • Se incorporará a la PDI entre los órganos fiscalizadores de armas.
  • Se establece la obligación de incluir sistemas de trazabilidad para estas armas, sus accesorios y municiones.
  • Se creará un Registro de Armas del Estado.
  • Se establecen modificaciones al procedimiento penal para facilitar las investigaciones en procedimientos que supongan la intervención de armas de fuego, respetando las normas del debido proceso.
  • Se fortalece sustantivamente la plataforma de la Dirección General de Movilización Nacional.

Fortalecimiento del rol de municipalidades y ciudadanía en seguridad local

  • Se fortalecerá el rol del Consejo Comunal de Seguridad Pública y su trabajo coordinado con las policías y la comunidad.
  • Se dispondrá que funcionarios municipales debidamente calificados puedan apoyar a Carabineros en la gestión del tránsito y en la protección de víctimas de violencia intrafamiliar, lo que permitirá adicionalmente liberar recurso humano policial.
  • Se establecerá que el Plan Comunal de Seguridad Pública considere los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior y las acciones y estrategias de Carabineros destinadas a optimizar la gestión policial de prevención del delito.

El Gobernador Provincial de Copiapó, Manuel Corrales, una vez conocidas estas medidas señaló, que  “tal y como lo señaló el Presidente Piñera, la seguridad ciudadana debe ser la primera prioridad, como así también el compromiso mayor de un Gobierno que debe escuchar y atender las necesidades de la gente”.

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